Por Jacobo Colón
Lo que se percibe en la práctica es un trato selectivo; hay funcionarios “intocables” y funcionarios sacrificables, los cuales, en la mayoría de los casos, son los que no han transgredido la ley.
Los primeros gozan de protección casi automática; los segundos caen ante la primera denuncia, aunque luego resulte infundada o anterior a su paso por el gobierno.
Ejemplos sobran y solo vamos a enumerar algunos.
Mérido Torres fue removido rápidamente de la Dirección de Titulación tras ser mencionado en el caso Calamar, a pesar de que su rol era el de abogado en un expediente previo, solo porque su nombre estaba en ese expediente en calidad de abogado, nada que ver con actos de corrupción ni malversación de fondos públicos.
Adán Peguero, director del Inposdom, fue suspendido de inmediato ante denuncias que el tiempo y las investigaciones terminaron archivando sin mayores consecuencias.
Luz del Alba Jiménez, víctima de un plan orquestado por una persona de su entorno político dice “su esposo hablo conmigo para una licitación” la cual era de apenas unos dos millones de pesos.
En esos casos, la reacción del Palacio fue fulminante, renuncia o destitución exprés.
El mensaje parecía claro; “cualquier sombra, y fuera”.
Pareciera que desde palacio los tenían en la mira para cuando llegue el momento de posicionar al presidente como implacable en contra de la corrupción, mandaban la información a los medios para así, “Dar el ejemplo”
Sin embargo, cuando los señalados pertenecen al círculo de los “favoritos”, la respuesta cambia radicalmente. Se activa el mantra oficial: “Se está investigando”. Y ahí queda el asunto, hasta que la opinión pública se distrae con el siguiente escándalo de mayor envergadura.
Son muchos los “favoritos” del presidente, desde Ministros de Educación, en el Propeep, Cultura, FEDA, Aduanas, Medio Ambiente, Agricultura, OMSA y un largo etc.
Pero la demostración más reciente y descarada ocurrió hace pocas semanas con dos denuncias casi simultáneas y por hechos similares; presuntos cobros o descuentos irregulares a empleados para fines políticos.
Rafael Félix García, entonces rector del ITLA y exministro de la Juventud, fue destituido con rapidez tras reportajes de Nuria Piera. En cambio, Hecmilio Galván, Director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), permanece en su cargo pese a denuncias similares de descuentos salariales que oscilaban entre 3,000 y 20,000 pesos mensuales.
El presidente ha dicho que “se investiga”, pero el funcionario sigue allí, como si nada.
¿Por qué actuó diferente con Merido Torres, Adan Peguero, Luz del Alba o Rafael Feliz?
Ahora el foco está en la OMSA. Una licitación para pintar 31 autobuses por casi 29 millones de pesos, es decir, cerca de un millón por unidad, ha levantado olas de indignación.
Fotos circulan mostrando que algunos vehículos ya estaban pintados antes de la adjudicación, y críticos cuestionan la necesidad del gasto cuando la propia institución cuenta con personal de mantenimiento en nómina.
Las anomalías en el proceso son evidentes para cualquiera que revise los números.
Pero si el responsable forma parte del grupo de los “protegidos”, es muy probable que termine en el archivo eterno de las “investigaciones en curso”.
Esta doble vara no solo es injusta; es corrosiva para la institucionalidad.
Crea la percepción, y en muchos casos la realidad, de que en el gobierno de Abinader hay dos categorías de funcionarios: los que pueden “robar, chantajear o extorsionar” con relativa impunidad porque gozan de la confianza presidencial, y los que sirven de chivos expiatorios para demostrar que “se actúa” cuando conviene desprenderse de cuotas partidarias incómodas o de figuras que ya no resultan útiles.
Según fuentes de entero crédito Doña Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental ha visitado en varias ocasiones al presidente Abinader para presentarle pruebas de corrupción de algunos funcionarios, y se ha quedado esperando la destitución que nunca llega.
Milagros Ortiz Bosch ha debido renunciar al cargo pero ha preferido estar en un perfil bajo.
El discurso anticorrupción es una pose y pierde credibilidad cuando los hechos muestran selectividad. Si son chivos expiatorios da el visto bueno, si son de los privilegiados, retiene el expediente.
La población no es tonta, distingue entre el funcionario que cae por una mención lejana y el que sobrevive a denuncias repetidas y documentadas.
Mientras el gobierno siga manejando la corrupción como un asunto de lealtades personales en lugar de un principio innegociable, seguirá alimentando el cinismo ciudadano y debilitando la fe en las instituciones.
La verdadera prueba de un compromiso serio contra la corrupción no está en las destituciones espectaculares ni en los comunicados de “se investiga”.
Está en aplicar la misma medida a todos, sin excepciones ni favoritos.
