Por Jacobo Colón.
El presidente Luis Abinader ha reiterado en múltiples ocasiones que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales de su gestión.
Sin embargo, sus recientes declaraciones en “La Semanal con la Prensa” sobre el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) han levantado serias interrogantes sobre la consistencia y eficacia de este compromiso.
Según el mandatario, desde noviembre de 2024 tuvo conocimiento de las irregularidades en esta institución, pero no fue hasta agosto de 2025, diez meses después, que se tomaron medidas concretas, como el cambio del director y otros funcionarios presuntamente responsables.
Esta demora plantea una pregunta obligada; ¿Es esta la respuesta de un líder comprometido con erradicar la corrupción, o refleja una preocupante complacencia?
Si trasladamos este escenario al ámbito privado, la situación resulta aún más alarmante. Imaginemos por un momento que Luis Abinader, como empresario, descubre un desfalco en una de sus compañías.
¿Permitiría que el director responsable continuara en su cargo durante casi un año, mientras el daño económico y reputacional se agrava?
Es difícil creer que un empresario de su trayectoria, conocido por su eficiencia y pragmatismo, toleraría tal situación.
Entonces, ¿por qué en una institución pública, donde el impacto afecta directamente a la ciudadanía y a los recursos del Estado, se permitió que el statu quo persistiera durante tanto tiempo?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero abre la puerta a varias hipótesis inquietantes. Una posibilidad es que el gobierno subestimó la gravedad del caso, cosa que dudamos, priorizando otras agendas políticas o administrativas.
Otra, más preocupante, es que existan dinámicas internas que dificulten la toma de decisiones rápidas y contundentes, incluso cuando se trata de actos de corrupción.
En cualquier caso, la demora de diez meses envía un mensaje contradictorio: mientras el presidente proclama su lucha contra la corrupción, sus acciones o la falta de ellas, sugieren que este flagelo no siempre recibe la urgencia que merece.
La corrupción en SENASA no es un caso aislado, pero sí uno paradigmático.
Esta institución, encargada de garantizar el acceso a la salud de millones de dominicanos, es un pilar del bienestar social.
Permitir que irregularidades persistan durante meses erosiona la confianza ciudadana en el sistema y refuerza la percepción de que la corrupción, lejos de ser erradicada, sigue encontrando espacios para prosperar.
La lentitud en la respuesta no solo compromete la credibilidad del gobierno, sino que también perpetúa el daño a los más carenciados, quienes dependen de los servicios de SENASA.
La demora en este caso plantea dudas sobre si el gobierno está realmente dispuesto a asumir el costo político de enfrentar la corrupción de frente, sin miramientos ni cálculos estratégicos.
¿Por qué se permitió que los responsables continuaran en sus cargos durante diez meses?
La lucha contra la corrupción no se gana con promesas, sino con hechos.
