Por Jacobo Colón.
El reciente apresamiento del joven periodista Edward Ramírez y del estudiante de 19 años Abel Ricardo Santos por parte de la Policía Nacional no es solo un incidente aislado, sino una alarma estridente que evidencia el rumbo autoritario y arbitrario que ha tomado nuestro país.
Este acto, carente de justificación legal, pone al descubierto un sistema donde el abuso de poder se impone sobre el respeto a las leyes y los derechos ciudadanos.
Vivimos, sin duda, en un estado policial donde la autoridad actúa con impunidad, ignorando los principios más básicos del derecho.
El Código Procesal Penal dominicano es claro: un arresto sin orden judicial solo es válido cuando existe una sospecha fundada de que la persona ha cometido o está a punto de cometer un delito.
Pero, ¿qué indicio razonable podía tener la Policía Nacional para detener a estos jóvenes, debidamente identificados y sin antecedentes que sugirieran peligro alguno? Ninguno.
La detención de Ramírez y Santos no responde a un criterio lógico ni legal, sino a un abuso de autoridad que refleja la falta de preparación y discernimiento de un cuerpo policial que, lejos de proteger, intimida, reprime y asesina.
Lo más indignante es la violación flagrante de la Ley 6-96, que obliga a las autoridades a garantizar una llamada telefónica a un familiar o abogado al momento del arresto, registrando el nombre de la persona contactada y el número marcado.
Podrá la Policía Nacional presentar este registro en el caso de Ramírez y Santos? Lo dudo.
Este incumplimiento no es un simple descuido; es una muestra más de la arbitrariedad con la que opera la institución, pisoteando derechos fundamentales sin rendir cuentas.
Hay que ser muy desalmado para causar tanta angustia a una familia que no sabe que le paso a su pariente desaparecido, hay que tener muy poca empatia y sentido humano para saber que una madre, un padre y unos hermanos no han durmido de la preocupacion al pensar que lo peor le ha pasado a su familiar.
Y mientras estos abusos se cometen a diario, la ministra de Interior y Policía sigue proclamando una supuesta “reforma policial” que, a la luz de los hechos, no es más que una fachada inservible y sin resultados visibles.
¿Es esta la reforma tan cacareada?
¿Para esto se han destinado recursos millonarios incuantificables?
La detención arbitraria de ciudadanos inocentes, sin respeto por el debido proceso, no solo desacredita a la Policía Nacional, sino que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad sin sacrificar las libertades individuales.
El desenlace de este caso parece predecible; una comisión investigadora será anunciada con bombos y platillos, pero su verdadero propósito será adormecer a la opinión pública hasta que el escándalo se diluya.
Mientras tanto, la inoperancia policial seguirá siendo un tema recurrente, un ciclo de abusos que no encuentra solución porque no hay voluntad real de cambio.
El caso de Edward Ramírez y Abel Ricardo Santos no es solo una injusticia contra dos ciudadanos; es un recordatorio de que, en este estado policial, nadie está exento de ser víctima de la arbitrariedad.
Debemos exigir una verdadera reforma que coloque el respeto a la ley y a los derechos humanos en el centro de la actuación policial.
Porque mientras sigamos tolerando estos abusos, el estado de derecho seguirá siendo una promesa vacía en nuestra nación.
