Por Jacobo Colón.
En las bulliciosas calles de Santo Domingo, donde el tráfico es un caos constante y la seguridad un tema eterno en las conversaciones diarias, la Policía Nacional realiza chequeos vehiculares con el supuesto fin de mantener el orden y prevenir delitos.
Sin embargo, estos operativos, lejos de ser un mecanismo imparcial y aleatorio, parecen regirse por el capricho de los agentes, un problema que ha sido ampliamente cuestionado en la República Dominicana.
Pero hay un aspecto aún más alarmante que he observado en múltiples ocasiones, el trato que recibe un conductor no depende de su conducta al volante ni de evidencias objetivas, sino de algo tan superficial como la ropa que lleva puesta.
Como abogado de profesión, mi rutina diaria me obliga a alternar entre vestimentas formales y casuales. Cuando transito en mi vehículo luciendo traje y corbata, el encuentro con la policía es casi protocolario.
Los agentes se identifican de manera educada, me saludan con respeto y hasta inician una conversación amigable: «¿Dónde trabaja usted? ¿Es abogado o funcionario público?».
El chequeo se limita a una verificación rápida de documentos, muchas veces solo me dicen que siga la marcha sin mayores inconvenientes.
Es un trato elegante, casi deferente, que refleja una presunción de inocencia basada en mi apariencia profesional.
En esos momentos, siento que soy tratado como un ciudadano de primera clase, alguien digno de cortesía.
Sin embargo, la realidad cambia drásticamente cuando opto por una vestimenta más relajada: un polo, jeans, sandalias y quizás una gorra para protegerme del sol.
En estos casos, el tono de los agentes se torna autoritario y desconfiado desde el primer instante. «Deme los papeles del vehículo», es la orden inicial, seguida de preguntas como «¿Usted es militar?». Si respondo que no, el escrutinio se intensifica; exigen más documentos, revisan el interior del auto e incluso proceden a una requisa sin justificación aparente.
He vivido situaciones donde, sin mediar palabra, abren el maletero o inspeccionan minuciosamente cada documento, como si mi atuendo casual equivaliera a una señal de alerta roja.
¿Por qué la misma persona, en el mismo vehículo, con la misma policía recibe un trato tan desigual?
La respuesta parece obvia; la policía opera bajo prejuicios basados en estereotipos sociales, donde la formalidad equivale a respetabilidad y la casualidad a sospecha.
Esta práctica no es un incidente aislado; es un patrón sistemático que revela un problema profundo en la formación y el accionar de nuestra Policía Nacional.
En un país donde la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación, estos chequeos selectivos violan principios fundamentales de derechos humanos.
¿Acaso un jean y sandalias convierten a alguien en potencial delincuente? ¿O es que los agentes, influenciados por sesgos culturales o presiones institucionales, priorizan la apariencia sobre la evidencia?
Estos operativos «según su voluntad» no solo fomentan la corrupción, pues abren la puerta a extorsiones disfrazadas de chequeos, sino que también generan resentimiento en la población, especialmente entre los jóvenes de los sectores menos privilegiados, quienes suelen vestir de manera informal por necesidad o preferencia.
Es hora de exigir cambios.
La Policía Nacional debe implementar protocolos claros y transparentes para los chequeos vehiculares; selección aleatoria mediante sistemas tecnológicos, capacitación en derechos humanos para eliminar prejuicios, y supervisión estricta para evitar abusos.
Organismos como la Procuraduría General y el Defensor del Pueblo deberían investigar estas denuncias y promover reformas que garanticen un trato igualitario, independientemente de la ropa, el vehículo o el barrio de origen.
Mi experiencia personal es un reflejo de un mal mayor: la erosión de la confianza en las fuerzas del orden.
¡Hay que vestir a la policía Nacional de imparcialidad!
Solo así, los chequeos vehiculares dejarán de ser un juego de apariencias y se convertirán en una herramienta genuina para el bien común.
