La inmigración ilegal haitiana es un tema candente en la República Dominicana, un país que comparte frontera con Haití y enfrenta en los últimos tiempos, luego del asesinato en el 2021 del presidente Jovenel Moise flujos migratorios sin precedentes.
Sin embargo, lo que debería ser un esfuerzo legítimo por controlar la migración irregular se ha convertido, según denuncias, en una máquina de extorsión que enriquece a funcionarios e inspectores de migración. ¡Y cuidado si más arriba!
Las recientes declaraciones del Dr. Antonio Cruz Jiminian, quien señala que inspectores de la Dirección General de Migración cobran hasta 10,000 pesos para liberar a haitianos detenidos, destapan una realidad alarmante.
¡La lucha contra la inmigración ilegal está siendo saboteada por la codicia de quienes deberían hacer cumplir la ley!
Esta práctica no es nueva ni exclusiva de Migración, durante años, se han reportado casos similares en los que miembros de la Policía Nacional exigen sobornos para liberar a inmigrantes haitianos llevados a destacamentos.
Hace ya varios años un empresario de la construcción fue al destacamento de Villa Faro en compañía de un funcionario del gobierno, un Mayor PN encargado le dio toda una charla sobre el deber, la orden que debían cumplir del presidente Abinader, y su responsabilidad como oficial superior de la PN.
El funcionario lo felicitó por el cumplimiento de sus funciones y no tuvo más remedio que irse sin el nacional haitiano, la sorpresa del empresario de la construcción fue cuando en la mañana siguiente el haitiano se presenta a trabajar, explicándole que al ellos irse comenzaron a despachar según el monto que las familias iban llevando, de 5 a 10,000 pesos por haitiano liberado.
Migración solo recogía a esos que no tenían dolientes y nadie podía llevar el monto solicitado.
Ese hecho fue denunciado por quien esto suscribe en ese entonces y me quedé esperando que algún miembro del Ministerio Publico o Policía Nacional me preguntara el nombre del empresario y el Destacamento para que compruebe la veracidad de lo denunciado.
Pero al igual que la denuncia del Dr. Cruz Jiminian hay un silencio cómplice de todas las autoridades, parece que todos saben, todos están involucrados o les temen a esos delincuentes.
Existen cientos de testimonios de ciudadanos haitianos y dominicanos que confirman esta dinámica perversa: tras ser detenidos, sus familias deben reunir sumas considerables de dinero para garantizar su libertad.
Lo que debería ser un proceso legal, deportación o regularización, se convierte en un negocio lucrativo para agentes sin escrúpulos.
Son muchos los miembros de instituciones armadas que tienen mansiones, carros último modelo, y viven como príncipes gracias al negocio de los ilegales haitianos.
¿Por qué los que luchan para que en el país no haya un solo haitiano ilegal no tocan este tema?
Este sistema de extorsión no solo perpetúa la inmigración irregular, sino que también profundiza la desconfianza en las instituciones.
Mientras los discursos políticos prometen mano dura contra los «ilegales», en la práctica, la corrupción permite que el problema persista.
Los inspectores y policías involucrados no solo se enriquecen, sino que contribuyen a un ciclo de vulneración de derechos humanos, explotación económica y desestabilización social.
Los inmigrantes, atrapados en una red de abusos, quedan a merced de un sistema que los castiga y lucra con su desesperación.
La pregunta es inevitable: ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? ¿Tiene migración un sistema eficiente para darle seguimiento e investigar a sus inspectores?
La Dirección General de Migración y el gobierno dominicano tienen la responsabilidad de investigar estas denuncias y sancionar a los responsables.
El Dr. Cruz Jiminian ha demostrado ser un hombre honesto, pero su denuncia quedara en el olvido, no existe un verdadero interés por perseguir a los que se lucran con la inmigración ilegal.
La transparencia en los operativos migratorios, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y el fortalecimiento de la supervisión interna son pasos urgentes para desmantelar estas redes de corrupción.
De lo contrario, la «lucha» contra la inmigración ilegal no será más que una fachada que beneficia a unos pocos y perjudica a todos.
Es hora de que la sociedad dominicana exija un cambio.
No se trata solo de controlar la migración, sino de hacerlo con justicia, legalidad y humanidad.
Mientras la corrupción siga siendo el motor de las políticas migratorias, los verdaderos ganadores no serán los ciudadanos, sino aquellos que han convertido un problema nacional en su método para hacerse cada vez más rico.
Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del presiente Luis Abinader:
“A los 2 años de estar al frente del gobierno, no habrá un solo ilegal en la Republica Dominicana” …………………………………………………………………………………Ufff
