Por Jacobo Colón.
El gobierno de Luis Abinader ha vendido una supuesta política “tolerancia cero” a la corrupción, pero su aplicación ha sido selectiva y desigual, generando profundo malestar entre militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Mientras algunos funcionarios son destituidos en cuestión de horas ante el primer rumor o denuncia mediática, otros permanecen en sus cargos pese a acusaciones más graves y documentadas, lo que alimenta percepciones de favoritismo, clasismo y discriminación interna.
Casos emblemáticos ilustran esta doble moral a la hora de actuar es el de Rafael Félix, exrector del ITLA, fue destituido en menos de 24 horas tras denuncias en un programa periodístico sobre presuntos cobros irregulares y aportes forzados para fines políticos.
En contraste, Hecmilio Galván, director del FEDA, enfrenta acusaciones similares como exigencias de aportes mensuales a empleados, pero las investigaciones se prolongan y él continúa en el cargo meses después.
Una muestra de estas acciones también lo es la acusación infundada en contra de Adán Peguero, exdirector del INPOSDOM, fue removido rápidamente tras controversias por un contrato con la empresa Mía Cargo, hoy esta empresa es reivindicada por el gobierno al inaugurar un centro de acopio en Boca Chica.
Pero Adan sigue estando en el banco y señalado como culpable a pesar de haber probado ser inocente.
Luz del Alba Jiménez, exministra de la Juventud, fue cesada casi de inmediato por una acusación sin fundamentos de un consultor jurídico resentido y perteneciente a una facción diferente a la ministra; tratando de involucrarla en una licitación de menos de 3 millones de pesos, cosa en la cual el mismo consultor jurídico manifiesta y reconoce que fue su ex esposo quien lo abordo.
¿Qué tienen en común Adan Peguero y Luz del Alba Jiménez? Ninguno es “popis”
En cambio, figuras como Neney Cabrera señalado por irregularidades en programas como “Pinta tu Barrio” y empresas fantasma en licitaciones y Roberto Fulcar, cuestionado por compras de libros digitales y otras acciones han resistido denuncias periodísticas y siguen en posiciones de poder o han sido reubicados sin mayores consecuencias.
Esta disparidad no pasa desapercibida, los destituidos con rapidez suelen ser perremeístas de base, de origen humilde o sin apellidos “sonoros”, apodados despectivamente “WaWaWa”.
En tanto, los protegidos tienden a ser allegados personales del presidente, amigos de infancia, figuras de élite o “popis” con conexiones de larga data.
Incluso recién llegados al círculo cercano han tenido más suerte que fundadores del PRM que pasaron décadas en la oposición.
La forma de actuar es bastante innegable, el lapicero aparece rapidito y afilado cuando se trata de los WaWaWa, al primer rumor, chisme amplificado o denuncia mediática, ¡pum! firma, decreto, carrera destruida.
Pero con los popis, los amigos del presidente y los de apellidos sonoros, el lapicero se pierde estratégicamente, no hay prisa, no hay decreto inmediato, hay “presunción de inocencia” eterna, aunque haya camiones de pruebas.
La percepción es que Abinader premia la lealtad personal y el estatus social por encima del compromiso partidario, destruyendo carreras políticas de perremeístas honestos al primer señalamiento, pero blindando a otros pese a “pruebas irrefutables”.
El disgusto en las bases del PRM crece silenciosamente.
Solo faltan dos años para las próximas elecciones presidenciales y congresuales y el descontento podría florecer en una crisis interna que ponga en riesgo la unidad del partido que llevó a Abinader al poder.
La tolerancia cero debiera ser igual en todos los casos, pero los hechos indican otra cosa.
