En lugar de señalar a los fiscales por intentar cumplir su labor con los recursos disponibles, debemos exigir al Estado que asuma su responsabilidad.
Recientemente la periodista Alicia Ortega señaló que un fiscal utiliza un vehículo incautado en un caso bajo investigación.
Aunque el señalamiento puede parecer relevante, la periodista se queda en la superficie de un problema mucho más profundo.
La pregunta no debería ser por qué un fiscal usa un vehículo decomisado, sino por qué el Estado dominicano, tras décadas de negligencia, no provee a los funcionarios del sistema de justicia las condiciones necesarias para desempeñar su labor con dignidad, seguridad y eficacia.
La gran mayoría de fiscales no tienen casa, ni vehículos, ni seguridad, mucho menos un sistema de pensión que les asegure que luego de 30 años de servicio al Estado, van a vivir con cierto grado de dignidad.
Los fiscales, encargados de enfrentar el crimen organizado, perseguir a poderosos y acusar a imputados de delitos graves, operan en un contexto de precariedad que los expone a riesgos innecesarios.
Sus salarios, en la mayoría de los casos no les permite adquirir un vehículo decente, obligándolos a depender de transporte público o, en algunos casos, de recursos incautados.
Este no es un problema del fiscal; es una falla estructural del Estado, que ha acumulado una deuda histórica con estos servidores públicos.
Imaginemos la siguiente escena; un fiscal acusa a un imputado de asesinato, solicita 30 años de prisión y luego sale del tribunal para tomar un autobús o esperar en una parada de metro, donde podría cruzarse con los familiares o allegados de los acusados.
Una vez me encontré a un amigo fiscal en un peligroso barrio de Santo Domingo Este, me sorprendió verlo, le pregunte que hacía en ese sector, me dijo, “busco una víctima que no me toma las llamadas telefónicas” su caso se extinguiría si no se presentaba a declarar al tribunal, esa es la realidad del fiscal que muchos desconocen.
Estas no son hipótesis exageradas; casos como estos ocurren a cada momento, peor aún, fiscales que han interrogado a figuras de poder como Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, Adán Cáceres o José Ramón Peralta, salen de salas de interrogatorio para enfrentarse a la realidad de un sistema que los abandona.
Pretender que estos profesionales, tras enfrentar a los “todopoderosos”, tomen un Uber o una guagua para regresar a barrios como Los Mina, Vietnam o Capotillo, es no solo absurdo, sino indignante.
El enfoque periodístico no debería centrarse en cuestionar al fiscal que, ante la falta de recursos, utiliza un vehículo asignado. La crítica debe dirigirse al Estado que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, transporte y remuneración para quienes arriesgan su integridad en la lucha contra el crimen.
Un fiscal no debería estar en una posición de vulnerabilidad tras cumplir con su deber.
La asignación de vehículos adecuados, salarios competitivos y medidas de protección no son lujos; son necesidades básicas para un sistema de justicia funcional.
Esta deuda del Estado con el sistema de justicia no es nueva.
Durante décadas, los gobiernos han ignorado las carencias de los fiscales y demás actores del sistema, mientras el crimen organizado gana terreno, los funcionarios de justicia como los fiscales, enfrentan amenazas cada vez mayores.
¡Es hora de cambiar el enfoque!
En lugar de señalar a los fiscales por intentar cumplir su labor con los recursos disponibles, debemos exigir al Estado que asuma su responsabilidad.
Dotar a los funcionarios de justicia con herramientas adecuadas, seguridad y condiciones dignas no es una opción; es una obligación.
Mientras esta deuda persista, el sistema de justicia seguirá tambaleándose, y los verdaderos responsables no son los fiscales, sino quienes han permitido que esta precariedad se perpetúe.
