Por Jacobo Colón.
Es insólito, pero ocurrió en pleno 2026 en Santo Domingo Este.
Un coronel de la Policía Nacional le impidió el acceso a sus oficinas a una Procuradora Fiscal, una distinguida miembro del Ministerio Público, peor aún, cambió las cerraduras del destacamento de Los Frailes para que la directora de las Fiscalías Barriales, Heivi Francisco, no pudiera entrar a recibir denuncias, mediar conflictos ni supervisar las investigaciones que, por ley, le pertenecen al Ministerio Público.
Un Abogado se pregunta, ¿Si eso se lo hacen a una fiscal como trataran a los abogados en ese destacamento? ¿Qué pasará con los ciudadanos comunes?
¿Puede un coronel policial sacar a una fiscal de un destacamento? La respuesta jurídica es tan clara como contundente, NO.
La Policía Nacional es un órgano auxiliar del Ministerio Público en materia penal, la constitución y la ley orgánica del Ministerio Público son explícitas y no dan lugar a interpretaciones; la PN debe obediencia al fiscal como director de la investigación.
El destacamento no es propiedad privada del coronel Julio Álvarez, ni de nadie, más bien es un espacio público donde se ejerce la función estatal de seguridad y justicia.
Entonces, ¿Qué oculta el coronel Julio Álvarez? ¿Por qué tanto empeño en impedir que una fiscal reciba ciudadanos, escuche quejas y supervise detenciones? La sola pregunta genera sospechas legítimas.
Cuando no hay fiscales presentes, los destacamentos se convierten en zonas grises donde proliferan la tortura, la extorsión, las detenciones arbitrarias y el incumplimiento flagrante del plazo constitucional de 48 horas.
Cientos de ciudadanos quedan a merced de la discrecionalidad policial sin que ninguna autoridad judicial lo sepa. Eso no es seguridad; es impunidad disfrazada de uniforme.
La fiscal Heivi Francisco ha dado la voz de alerta.
Ha sido expulsada de su lugar de trabajo, literalmente con llave cambiada, dejando sin atención a decenas de víctimas diarias.
Este acto no es un “malentendido administrativo”. Es una afrenta directa al Estado de Derecho y un retroceso a los peores tiempos de los años 70, cuando la Policía actuaba como si los cuarteles fueran feudos personales.
Si el alto mando de la Policía Nacional guarda silencio, estará enviando un mensaje nefasto y es que se tolera la insubordinación y que los fiscales sobran.
Y si los fiscales sobran, entonces volvemos al modelo antiguo donde la Policía investigaba, juzgaba y condenaba a su antojo.
Eso no es reforma policial; es regresión autoritaria.
La Policía y el Ministerio Público se necesitan mutuamente para combatir el crimen.
No puede la policía funcionar y ser efectiva sin fiscales y no hay investigación seria sin el auxilio profesional de la Policía. Pero la colaboración no puede ser a costa de la subordinación jerárquica que establece la ley.
Quien no entiende eso no entiende la democracia.
El director general de la Policía Nacional debe investigar con profundidad este caso, sancione al coronel Julio Álvarez y restituya de inmediato el acceso de la fiscal Heivi Francisco a sus oficinas.
El silencio no es neutralidad; es complicidad.
El Ministerio Público no debe retroceder ni un milímetro, la independencia de la fiscalía no es un favor, es un derecho ciudadano.
Los comunitarios de los Frailes deben exigir que los destacamentos policiales dejen de ser búnkeres y vuelvan a ser espacios de justicia y rendición de cuentas.
El coronel de Los Frailes cree que aún vivimos en los años 70.
La República Dominicana del 2026 no puede permitírselo.
La reforma policial no se mide con discursos; se mide con actos concretos. Y este acto concreto exige una respuesta concreta; sanción ejemplar y respeto absoluto al Ministerio Público.
Porque cuando un coronel le cambia la cerradura a la ley, la democracia entera queda fuera del destacamento.
