En los últimos días una ola de críticas ha sacudido a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desatando un intenso debate en la opinión pública sobre la raíz de tal embestida.
Mientras algunos adeptos del PRM defienden a la funcionaria, argumentando que los ataques en su contra son orquestados por intereses políticos, otros sostienen que se trata de un genuino clamor ciudadano frente a lo que perciben como un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
Faride Raful no ocupa un cargo electivo ni tiene un rol directo en la lucha en contra de la corrupción para ser tan aborrecida por la población.
Sin embargo, su nombre se ha convertido en el epicentro de la controversia, asociada a una serie de acciones policiales que han generado indignación.
La población expresa su frustración, sintiendo que los pilares de un Estado de derecho, el respeto a la ley, la primacía de la Constitución y la protección de la propiedad privada están siendo socavados.
Ciudadanos denuncian un aumento alarmante en los abusos policiales, respaldados, según ellos, por la gestión de Raful.
Allanamientos sin orden judicial, agresiones físicas a civiles, incluyendo adultos mayores y niños, y el uso excesivo de la fuerza por motivos tan triviales como una bocina encendida, han encendido las alarmas.
Estas acciones, lejos de ser incidentes aislados, son percibidas como una tendencia que se ha recrudecido en un 100% desde que Faride asumió su cargo.
La indignación no es solo por los hechos en sí, sino por la aparente impunidad que los acompaña.
La Policía Nacional, bajo el paraguas del Ministerio de Interior, parece actuar sin temor a consecuencias, lo que ha generado una sensación de desamparo entre la población.
La idea de que vivimos en un país donde la ley y la Constitución son la base del orden social se tambalea con estas prácticas abusivas y fuera de control.
Frente a las críticas, los defensores de Raful insisten en que se trata de una campaña orquestada por sectores políticos con agendas ocultas, sin embargo, esta narrativa choca con la realidad de un pueblo que se siente vulnerado en sus derechos más básicos.
No se trata de una conspiración, sino de una reacción natural ante lo que muchos consideran un abuso sistemático.
En este contexto, culpar a “terceros” o politizar las críticas parece un intento de desviar la atención.
La verdadera raíz del problema, según mi punto de vista, es la propia gestión de Faride Raful.
Su figura, lejos de ser víctima de un complot, es vista como el símbolo de una política que ha permitido el deterioro del respeto a la población civil.
El desafío para la Ministra es claro: escuchar el clamor popular, asumir la responsabilidad de los excesos y trabajar para restaurar la confianza en las instituciones.
Porque, en última instancia, la única persona que está en contra de Faride es, sin quizás, la propia Faride Raful, al no responder con acciones concretas a las demandas de un pueblo que exige respeto, justicia y el cumplimiento irrestricto de la ley.
