Por Jacobo Colón.
El aparente acuerdo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) genera más dudas que certezas.
Lo que el presidente Trajano Vidal Potentini presentó como el fin de una prolongada crisis institucional, marcada por cuestionamientos al resultado electoral y embargos que han retenido más de 300 millones de pesos en cuentas bancarias, parece ser, en realidad, un arreglo pragmático que prioriza el control de recursos sobre la verdadera unidad y el beneficio colectivo de la abogacía nacional.
Recientemente, en un acto que reunió a varios de los sectores que en su momento adversaron a Potentini, se juramentaron dos ex presidente del Colegio de Abogados Diego José García como director de la Escuela Nacional del Abogado (ENA) y a Babado Torres como director del Instituto de Previsión Social del Colegio de Abogado.
Ambos órganos manejan presupuestos significativos y representan posiciones clave dentro de la estructura del Colegio.
La rapidez y el contexto de estas designaciones invitan a preguntarse si se trata de una reconciliación genuina o de una repartición estratégica de cuotas de poder y recursos para sellar una tregua conveniente.
No es casualidad que esta unidad surja precisamente cuando el CARD lleva años sin poder acceder a fondos importantes debido a embargos acumulados superiores a los 320 millones de pesos, según diversas fuentes del gremio.
Ese monto congelado representa una tentación enorme, es dinero que, una vez liberado, podría destinarse a becas, capacitaciones, asistencia social, infraestructura o defensa institucional de la profesión.
Sin embargo, también abre la puerta a sospechas legítimas sobre posibles usos particulares o discrecionales una vez que el flujo financiero se reactive.
Johan López, uno de los principales contendientes en las elecciones cuestionadas y quien ha mantenido una postura crítica desde el inicio, ha sido claro al deslindarse de cualquier pacto.
Él denuncia que lo ocurrido no es una solución reivindicativa ni orientada al bienestar de los abogados, sino un acuerdo financiero disfrazado de consenso. ¡Acuerdo financiero disfrazado de sonsenso!
Sus palabras resuenan con fuerza en un gremio que, después de años de parálisis, esperaba una solución transparente y no una negociación opaca entre supuestas élites.
La abogacía dominicana merece algo más que un arreglo de conveniencias.
Lo que debió ser motivo de celebración genuina, el desbloqueo de recursos y el fin de la división, se ha convertido en fuente de preocupación.
La historia reciente del CARD está llena de crisis recurrentes por falta de transparencia, influencias políticas y manejos cuestionables.
Permitir que 320 millones de pesos (o más) queden a merced de acuerdos poco claros sería repetir los mismos errores que llevaron a la actual debacle.
Es imperativo que se active una auditoría independiente y pública de las finanzas del Colegio, que se levanten los embargos con mecanismos claros de rendición de cuentas y que cualquier decisión sobre el destino de esos fondos pase por instancias colegiadas, no por pactos a puerta cerrada.
De lo contrario, el riesgo es alto; que el dinero que pertenece a todos los abogados termine beneficiando a unos pocos.
La unidad verdadera no se construye repartiendo cargos ni silenciando críticas con prebendas.
Se construye con transparencia, democracia interna y prioridad absoluta en el bienestar colectivo.
Mientras eso no ocurra, lo que hoy se anuncia como «fin de la crisis» seguirá siendo, para muchos, apenas el comienzo de nuevas sospechas.
