El calvario y sufrimientos de un hombre de 92 años condenado a 5 años de prisión.
Por Manuel Antonio Vega
La justicia que ignora la humanidad deja de ser justicia para convertirse en barbarie.
El caso de Epifanio Castro del Carmen, un anciano de 92 años confinado en una celda de San Luis, en la República Dominicana, es un monumento a la insensatez burocrática y una bofetada a la dignidad humana que la República Dominicana no puede permitirse ignorar.
Resulta incomprensible y moralmente indefendible que un hombre en el ocaso de su vida, que padece demencia senil y depende de cuidados básicos para su higiene personal, esté cumpliendo una condena de cinco años por una riña motivada por una deuda de apenas tres mil pesos.
Mientras el sistema suele ser de «sedas y alfombras» para criminales de cuello blanco, para Epifanio ha reservado el rigor más implacable y ciego.
Un sistema que falla por diseño
No estamos ante un simple error de procedimiento; estamos ante una cadena de negligencias.
Desproporción: Una sentencia de cinco años para un nonagenario por un altercado físico es, en la práctica, una condena a muerte tras las rejas.
Ineficiencia procesal: Los constantes aplazamientos por «fallas del sistema» no son excusas válidas cuando la vida de un ser humano se apaga entre rejas.
Cada día que pasa es una tortura para alguien en su condición.
Desarraigo innecesario: Trasladarlo a un recinto lejano a su comunidad agrava su aislamiento y dificulta el auxilio familiar, contraviniendo cualquier principio de reinserción o trato digno
El desprecio por la Ley 352-98
Las autoridades parecen haber olvidado que existe la Ley 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente.
Esta legislación no es una sugerencia; es un mandato que exige un trato humanitario.
Mantener a un anciano con pañales y deterioro cognitivo en una cárcel común es una violación flagrante de los derechos humanos y de los tratados internacionales de los que el país es signatario.
La justicia dominicana tiene este 10 de febrero una oportunidad —quizás la última— de enmendar este horror.
No se pide impunidad, se pide humanidad.
El cambio de medida a arresto domiciliario no es un favor, es una obligación ética y legal.
Un Estado que encarcela la senilidad y la enfermedad no proyecta autoridad, sino una profunda decadencia moral.
Es hora de que el Ministerio Público y el Poder Judicial demuestren que la ley tiene corazón y que la dignidad de un hombre no expira a los
