Por Jacobo Colon.
Mientras el Colegio Médico Dominicano acude de inmediato ante cualquier agresión contra un doctor en un hospital, y la Asociación Dominicana de Profesores envía abogados y representantes para proteger a un maestro injustamente acusado, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se ha convertido en un ejemplo lamentable de lo que no debe ser una institución colegiada.
Un médico agredido sabe que tiene respaldo. Un profesor señalado falsamente encuentra una estructura que lo defiende. Un ingeniero se siente identificado con su colegio porque percibe que este cumple su rol.
El abogado, en cambio, entra cada día a los tribunales expuesto a abusos, maltratos, dilaciones y hasta humillaciones, y siente que no tiene adónde acudir.
Su propio gremio está paralizado por años de contiendas internas, acusaciones cruzadas entre dirigentes, demandas judiciales y, lo más grave, la percepción extendida de que muchos abogados solo ingresan al CARD para enriquecerse a costa de los ingresos estatales y las cuotas de los colegiados.
Esta realidad duele porque es evitable.
Durante los ultimos años, el Colegio ha vivido más pendiente de levantar embargos para luego repartirse recursos y posiciones que de defender la dignidad de la abogacía.
Los abogados que pelean en los tribunales por los derechos de la ciudadanía ven cómo la institución que debe representarlos se consume en peleas intestinas.
Y ahora, cuando se acerca diciembre y la ley establece claramente que cada tres años deben celebrarse elecciones, ni siquiera se ha conformado la comisión electoral.
Algunos directivos actuales ya promueven la continuidad, argumentando que “no han podido gobernar plenamente” por las trabas internas.
Es un argumento peligroso; quien ganó en un proceso que recibio el cuestionamiento de los mismos que hoy son sus aliados, no puede usar el fracaso de esas elecciones como pretexto para perpetuarse en el poder.
Es hora de que los abogados digamos basta.
No se trata de defender a una persona ni a un grupo, se trata de rescatar la institución.
Necesitamos una comisión electoral creíble, integrada por profesionales íntegros, con trayectoria intachable y que no se presten a chanchullos, trapisondas ni manejos dolosos. Una comisión cuya decisión sea aceptada por todas las corrientes del gremio, porque solo la transparencia genera legitimidad.
Los abogados dominicanos tenemos la obligación histórica de reconstruir nuestro gremio. Somos los llamados a defender el estado de derecho, pero no podemos hacerlo con credibilidad si nuestra propia casa está en ruinas.
La unidad no es un slogan; es una necesidad urgente.
Unidad no significa unanimidad, sino el acuerdo mínimo de que el colegio debe volver a ser del abogado, no de los dirigentes que pululan como buitres alrededor de su presa, en este caso, el colegio de abogados.
Si no actuamos ahora, en diciembre corremos el riesgo de repetir el mismo ciclo; más divisiones, más desconfianza y más abandono.
Los colegiados necesitamos algo distinto, un colegio que, como el médico o el de profesores, esté ahí cuando el abogado sea agredido, cuando sea difamado o cuando necesite respaldo institucional.
La decisión es nuestra.
