Por Jacobo Colon.
En todos los foros, seminarios y encuentros de “formación judicial” se repite el mismo guion como un mantra sagrado: “La prisión preventiva es una medida excepcional”.
Lo dicen los jueces, lo repiten los fiscales, lo aplauden las ONG, lo tuitean los académicos, lo proclama el CARD y lo denuncia Defensoría Publica.
¡Y hasta los organismos internacionales se preocupan por la gran cantidad de presos preventivos!
Todos, absolutamente todos, están de acuerdo en que su uso excesivo es una barbarie, una violación flagrante a la presunción de inocencia y la principal causa del hacinamiento infernal que padecen nuestras cárceles.
Pero en la audiencia del día siguiente, ese mismo juez que ayer dio una ponencia impecable sobre el exceso de presos preventivos, dicta prisión preventiva a un muchacho que robó un celular.
Ese mismo fiscal que en la conferencia habló de “soluciones alternas para delitos menos graves” pide prisión preventiva por una riña de barrio.
Y así, día tras día, el porcentaje de personas presas sin condena sigue rondando el 60-65 %, uno de los más altos del hemisferio.
A marzo de 2025, más del 60 % de los aproximadamente 26,000 reclusos del país estaban en prisión preventiva.
FINJUS lo dice cada año, Participación Ciudadana lo denuncia cada cierto tiempo; El Colegio de Abogados lo reclama en cada asamblea; Justicia y Transparencia saca informes demoledores.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva décadas gritando en el desierto.
Hasta la Procuraduría General de la República emite comunicados hablando de “criterios objetivos” y “medidas alternativas”.
Pero cuando llega el momento de la verdad, el Ministerio Público pide prisión preventiva hasta por estornudar fuerte.
Y los jueces… uffffff, los jueces.
He visto y escuchado a magistrados de la instrucción dar conferencias magistrales sobre lo inconstitucional que resulta el uso abusivo de la prisión preventiva, citar la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte IDH, el Pacto de San José y al día siguiente dictar prisión preventiva en el 90 % de sus audiencias.
¿Cuál será la causa de esta desmedida, irracional y abusiva aplicación de la prisión preventiva?
¿Será miedo?
¿Presión mediática?
¿El “qué dirán” si luego el imputado comete otro delito?
¿O será que, en el fondo, el espíritu inquisidor sigue corriendo por nuestras venas como el ron Brugal en época Navideña?
Porque aquí no estamos hablando de narcotraficantes ni asesinos seriales.
Estamos hablando de gente pobre que cometió delitos menores, que no tiene cómo pagar una garantía económica, que no tiene abogado que pelee, y que pasa años ¡años! esperando que alguien se digne a liberarlo.
Todos en contra y nadie resuelve nada.
Lo peor es que ya ni siquiera disimulan.
En las capacitaciones se aplaude la “excepcionalidad” de la prisión preventiva, y en las audiencias se pondera su aplicación automática.
Es como si tuvieran dos personalidades; en las aulas universitarias dicen una cosa, la toga y el birrete con borla morada lo transforman.
¿Qué hace falta para parar esta barbarie?
¿Una ley más dura? La tenemos.
¿Más capacitación? Ya la tenemos hasta el cansancio.
¿Más supervisión de las Cortes de Apelación? Ellos confirman casi todas las sentencias de prisión preventiva.
Lo que hace falta es algo mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez: coherencia, coherencia, ¡Coherencia!
Que el juez que da la ponencia contra la prisión preventiva sea el mismo que al día siguiente la niega cuando no hay peligro de fuga ni de obstrucción.
Que el fiscal que habla de “criterios de oportunidad” deje de pedir prisión por costumbre y empiece a justificarla como si su vida dependiera de ello.
Que las organizaciones que tanto denuncian pasen de los informes elegantes a las acciones concretas; demandas masivas, campañas públicas con nombres y apellidos de los jueces que más la aplican.
¡presión real!
Porque mientras sigamos con el juego del discurso grandilocuentes para los videos y la aplicación automática para la estadística, seguiremos teniendo cárceles que parecen campos de concentración medievales y un sistema que…..
“castiga la pobreza más que el delito”
