Por Jacobo Colon.
La República Dominicana es un país que se enorgullece de su fe cristiana y que recita diariamente el Padre Nuestro, pidiendo «perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
Pero la realidad es muy distinta cuando se trata de algunos delitos cuyos acusadores y defensores son parte de instituciones “sin fines de lucro”.
El caso de Pablo Ross, el comunicador condenado por agredir sexualmente a una menor de 15 años, ha desatado un clamor social que exige nada menos que su muerte.
¡Pena de muerte para Pablo Ross!
Gritan las voces, incluidas las de feministas radicales que no perdonan ni un ápice de transgresión. Pero, ¿Es esto compatible con nuestros valores constitucionales y religiosos?
A pesar de que la Constitución dominicana prohíbe expresamente la pena de muerte, la sociedad parece haber emitido su propio veredicto.
No importa que Ross padezca cáncer, que exprese arrepentimiento o que ya haya cumplido siete años en prisión. Para muchos, su salida de la cárcel no es una opción; debe morir tras las rejas.
Esta postura implacable ignora las palabras del mismo Jesucristo, quien instó a perdonar «hasta setenta veces siete». En cambio, preferimos una justicia vengativa, disfrazada de moralidad.
El cáncer de Ross no le permitiría una vida normal si saliera en libertad condicional, y en prisión, las condiciones médicas son inadecuadas para un tratamiento digno.
Sin embargo, para los puritanos de turno, ni siquiera eso merece: «Que muera en la cárcel», piensan, priorizando el castigo sobre la humanidad.
Esta mentalidad revela una profunda contradicción en nuestra sociedad. Nos autodenominamos cristianos compasivos y misericordiosos, pero adoptamos posiciones que rayan en lo endiablado cuando se trata de juzgar a los demás.
Recientemente, se le negó la libertad condicional, lo que podría condenarlo a una muerte prematura en prisión. Ósea, estamos imponiendo una pena de muerte, a pesar de que nuestra Carta Magna lo prohíbe.
¿Dónde queda la coherencia? El día que un hijo, hermano o familiar cercano cometa un error similar, estos mismos acusadores serán los primeros en clamar por clemencia, exponiendo así su hipocresía.
Estamos mal como sociedad.
Por un lado, predicamos el perdón y la redención; por el otro, fomentamos el linchamiento moral.
¿Queremos una justicia restaurativa, alineada con nuestros principios cristianos, o una venganza colectiva que nos hace iguales que los delincuentes?
El caso de Pablo Ross no solo es sobre un hombre; es un espejo de nuestras contradicciones.
Si no aprendemos a perdonar, ¿cómo esperamos ser perdonados?
